FRENTE POBLANO CONTRA LA REPRESION

FRENTE POBLANO CONTRA LA REPRESION

BOLETIN DE PRENSA.

Creada el 23 de marzo de 2005, por acuerdo de los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, en Waco, Texas, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) constituye una grave amenaza para la soberanía nacional, y en los hechos constituye un proceso no formalizado hacia un nuevo tratado internacional al margen del Poder Legislativo. En ambos sentidos, la ASPAN violenta el orden constitucional

La inclusión de nuestro país en la esfera de seguridad estadounidense; la creación de cuerpos policíacos (como la Agencia Federal de Investigación) a semejanza de la Oficina Federal de Investigación (FBI); formación de cuerpos especiales del Ejército y un involucramiento mayor de éste en el combate al narcotráfico.
Es grave el hecho de que elementos de las fuerzas armadas cumplan con funciones que no les corresponden -seguridad pública, por ejemplo-, y que eso tenga consecuencias lamentables, como el caso de la anciana Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente asesinada en Zongolica, Veracruz.
El eje militarista de Estados Unidos en relación con América Latina se mueve bajo tres premisas fundamentales: por el control de recursos estratégicos, como el petróleo, gas, minerales, etcétera; la lucha contrainsurgente o contraria a sus intereses económicos y políticos, y la apropiación de recursos naturales, fundamentalmente del agua.
Para lograr estos objetivos en nuestro continente, Washington desarrolla tres modelos: el ASPAN con México y Canadá, donde las fronteras de seguridad prácticamente desaparecieron; el Plan Colombia, que con el pretexto de combatir el narcotráfico le ha permitido al país vecino desarrollar una política Pro-estadounidense, inclusive con la participación directa de militares de esa nación; y en Paraguay, donde se llevan a cabo maniobras militares conjuntas en un país que es clave por su posición geopolítica dada su colindancia con Argentina y Brasil.
Este proyecto aterrizó con el denominado plan Mérida en el actual período de gobierno de Fecal, que no es otra cosa que la militarización del país. Otorgándole al ejército funciones que son exclusivas de la policía, ante el beneplácito de E. U. Contraviniendo nuestro orden constitucional.
Cabe reflexionar que los soldados han sido entrenados para la guerra, por lo que su interacción con la sociedad no es aceptable en virtud de que no están capacitados para el trato diario con los mexicanos. Lo que ha derivado en una serie de abusos por parte del ejército a la ciudadanía mexicana, como el ya mencionado caso de Ernestina Ascensión.
En este orden de ideas el 13 de Febrero del año en curso, en Puebla amanecimos con el patrullaje del ejército en Puebla, bajo el argumento de que buscaban armamento.
Es preocupante la intervención del ejército en nuestra ciudad porque obedece a los intereses del imperio (ASPAN-PLAN MERIDA) y violenta lo dispuesto por nuestra Carta Magna y lo que en realidad pretenden es justificar su presencia en el estado para posteriormente criminalizar la protesta social. El siguiente paso seria que bajo las premisas de posesión de drogas, narcoprotestas, posesión de armas o cualquier otro supuesto delito los grupos sociales disidentes como el SUNTUAP, 28 DE OCTUBRE O EL CONSEJO DEMOCRATICO MAGISTERIAL POBLANO, entre otros serian perseguidos y encarcelados por no coincidir con los intereses políticos y económicos del gobierno. Esta teoría se confirma con las recientes declaraciones del Gobernador de Nuevo León Natividad Gómez Parás, que las protestas sociales para exigir seguridad en dicho estado, y su incapacidad para otorgarla las traduce en calificativos de NARCOPROTESTAS, y bajo este argumento encarcela a los manifestantes.
También exigimos al Secretario de Gobernación Mario Montero, que públicamente reconozca que es un grave error el haber pronunciado que los poblanos debemos acostumbrarnos a la incursión del ejército en nuestro estado, ya que dicha aceptación implica la violación a nuestras garantías individuales y a nuestra Constitución Política.
Estas acciones son un claro ejemplo de lo que la derecha en el país pretende implementar. Por lo que el FPCR, repudia tajantemente la incursión del Ejército Mexicano en nuestro Estado y exige al gobierno estatal que declare públicamente, el rechazo que le exigimos, al mismo que tome las medidas necesarias para impedir que el ejército en Puebla realice funciones que le son propias a la policía. Con la finalidad de garantizar el ejercicio del Estado de Derecho.
Por otro lado denunciamos la cerrazón del Ejecutivo Estatal para dialogar con los dirigentes de las distintas organizaciones sociales y sindicatos, como en el caso del SUNTUAP, UPVA 28 DE OCTUBRE, UNT Y EL CONSEJO DEMOCRATICO MAGISTERIAL POBLANO, entre otras y dar respuesta inmediata y oportuna a sus demandas. Que lamentablemente por falta de atención dichas demandas sociales se convierten en movilizaciones sociales ante la indiferencia del estado.
En este orden de ideas el FPCR, se solidariza con el Movimiento Magisterial en contra de la A.C.E., impulsada como una política desde la firma del CONSENSO DE WASHINTON, en los 90s. Por tratarse de la privatización de la educación en México.

PUEBLA, PUE. A 19 DE FEBRERO DEL 2009.
FRENTE POBLANO CONTRA LA REPRESION (FPCR)